PATRICIA MAYORGA|13 agosto, 2020|CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Agentes estatales de Chihuahua detuvieron aproximadamente a 50 rarámuris, niñas y niños entre ellos, por violar el sello de clausura de un taller de costura en la comunidad de Bosques San Elías Repechique, en el municipio de Bocoyna, localizado en la Sierra Tarahumara.
También fue aprehendida Dana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), quien señaló que hasta ahora ni los integrantes de la comunidad ni la organización, como asesora jurídica, han visto la demanda por la que han impedido a los rarámuris construir el taller de costura “Bowe Najativo”.
La demanda, según les han explicado, es únicamente contra Teresa González Parra, integrante de la comunidad, por despojo contra el empresario Fernando Cuesta, quien adquirió el predio cuando los indígenas ya habitaban ese territorio.
El taller es parte de un proyecto comunitario que desarrollan a través de un fideicomiso que ganaron cuando el juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, les otorgó en 2014 el amparo definitivo contra la construcción del aeropuerto regional de Creel, porque afectó veredas, pinos y aguajes de las comunidades aledañas.
Tras ganar la demanda, pasaron más de tres años para que pudieran acceder al fideicomiso de la comunidad. Éste y los proyectos fueron avalados por cuatro secretarías estatales: de Gobierno, de Desarrollo e Innovación, de Desarrollo Municipal y de de Hacienda.
La comunidad tiene derecho ancestral –avalado por el juez federal– porque ha vivido en esa zona desde hace décadas, pero no cuenta con escrituras para comprobar la propiedad. En Bosques San Elías Repechique, las autoridades han vendido 12 predios en la zona donde viven los indígenas, por lo que éstos han iniciado una y otra vez litigios para ser reconocidos.
El litigio por la escrituración y reconocimiento del derecho ancestral de la comunidad indígena por esa tierra se encuentra en el Juzgado Décimo de Distrito, cuya titular se declaró incompetente y la resolución está impugnada. Debido a la pandemia de covid-19, la demanda no ha pasado a un Tribunal Colegiado.
Este año los agentes del Ministerio Público llegaron en dos ocasiones para clausurar el taller, pero la comunidad decidió continuar laborando, porque –consideran– están en su derecho.
Diana Villalobos informó que los particulares que compraron los predios, aun cuando la comunidad ya vivía en ese territorio, han interpuesto otras demandas. Dos de éstas fueron ante la extinta Procuraduría General de la República, pero no procedieron. Finalmente, esas demandas se desecharon.
Fernando Cuesta demandó ante la Fiscalía Zona Occidente, por despojo, únicamente a Teresa González y no a la comunidad, situación que para Contec es una intimidación.
Teresa González ya respondió la demanda ante el Ministerio Público, donde se entregó la sentencia del juez Octavo de Distrito, en cuya resolución detalla las obras avaladas en el fideicomiso.
“Todos ellos tienen la sentencia del juez, viene un mapa definido que es el territorio ancestral de la comunidad que está reconocida por el juez. Este lugar está dentro del territorio que el juez les reconoció”, detalló Diana Villalobos.
En un recorrido por el taller de costura, Teresa González declaró a Apro que el proyecto es un sueño para las mujeres de la comunidad, porque representa una oportunidad para trabajar y tener mejores condiciones de vida.
La construcción inició en abril y ya casi la terminan. El taller es edificado por hombres de la misma comunidad y tiene espacio para las máquinas de coser, una bodega para guardar el material para el trabajo, una oficina, una cocina –porque es un proyecto comunal–, y un área para los niños y niñas de las trabajadoras. Al principio laborarán 12 personas, 10 mujeres y dos hombres.
“No quieren que construyamos aquí nuestra casa, que es de la comunidad. No quieren porque nos dicen que es de otro señor. Nos sentimos muy mal, no nos sentimos tan bien que nos hagan eso porque estamos dentro de la comunidad de nosotros”, expresó Teresa González.
La mujer dijo que respetaron los sellos cuando clausuraron el taller, la vez anterior, pero después lo pensaron bien, dado que por años la comunidad ha sido objeto de violencia sistemática, porque no se respeta su derecho ancestral, y cada vez que interponen denuncias nadie los toma en cuenta.
“A veces nos regresamos sin ningún documento que nos den”, acotó Luis Enrique Pérez, segundo gobernador de Bosques San Elías Repechique.
“Pensándolo bien así, nosotros somos los primeros que somos de aquí. Nosotros no vivimos como los demás, vivimos del cuidado del bosque, trabajamos la tierra, sembrando y haciendo quehaceres, cuidando nuestro hogar y no nomás como dicen. Nosotros no compramos un terreno para estarnos nada más ahí. Nosotros cuidamos alrededor del territorio. Ellos llegaron cuando nosotros ya existíamos aquí”, subrayó Teresa González.
Esta tarde, la comunidad y dos abogadas de Contec caminaron por la carretera resguardadas por los agentes y, según dijeron, iban detenidos.
Al llegar a las instalaciones del Ministerio Público de Creel, estaban cerradas, por lo que se plantaron afuera para exigir una solución, ya que están determinados a continuar con el taller.
